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Se construirá con comunidades indígenas y familias campesinas de Salta un protocolo de consulta previa sobre temas de acceso al agua

En muchas ocasiones las voces de los pueblos indígenas no son escuchadas a la hora de tratar temas que impactan en sus territorios o en sus vidas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y tribales, referido a la consulta previa a los pueblos en temas que afecten sus intereses, busca reparar estas situaciones.

Atentos a la vigencia de dicho Convenio, FUNDAPAZ junto con  la Universidad Católica de Salta, Naciones Unidas Argentina y sus oficinas de ONU Mujeres y el Alto Comisionado por los Derechos Humanos; y el  laboratorio GEISA del Instituto de Investigaciones en energías no Convencionales (INENCO) de la Universidad Nacional de Salta, organizaron la semana pasada en Los Blancos y Morillo, norte de Salta, una serie de reuniones con las comunidades y organizaciones para comenzar a construir un protocolo de consulta previa y consentimiento previo, libre e informado para comunidades indígenas y de consulta con mayor y mejor participación de organizaciones criollas que integran la Mesa de Agua del Chaco Salteño.

En las reuniones participaron unas 20 organizaciones y representantes de comunidades locales que conforman la Mesa de Agua. Tras los encuentros se acordó comenzar a construir en forma participativa un protocolo que se aplicará en todas aquellas decisiones que tengan que ver con el agua, el saneamiento y la higiene; y también elaborar un reglamento sobre la calidad del agua.

Estos objetivos  plantean un proceso de trabajo que incluyen capacitaciones sobre el derecho a la consulta previa y sobre el uso de las tecnologías de acceso al agua, entre otros temas, que se desarrollará en los departamentos salteños de Rivadavia y San Martín.

Mesa criolalo Los Blancos Gabriel1
Capacitación Boquerón Paola

Fundamentos para defender el derecho al agua

Fundapaz conjuntamente con un equipo del Instituto de Derecho Ambiental y de la Sustentabilidad (IDEAS) de la Universidad Católica de Salta (UCASAL), dieron a conocer las conclusiones de la investigación realizada en torno al tema “Acceso a justicia para lograr el cumplimiento del derecho básico al agua en población rural del chaco salteño y santiagueño”.
Se trata del resultado de más de un año de trabajo que viene realizando la Fundación con la UCASAL e IDEAS en una investigación sobre el acceso al agua como un derecho. El artículo se elaboró para ser utilizado en una estrategia de litigio estratégico y se buscó documentar toda la jurisprudencia nacional e internacional sobre el tema con fundamento en el derecho.
Para su elaboración se tuvo en cuenta todo el proceso de mapeo participativo realizado por la Fundación en el territorio, las acciones de la Mesa de Agua de Salta, y el trabajo territorial en el Chaco Argentino. El equipo de investigación estuvo integrado por: Dra. María Cristina Garros Martínez, directora; Ab. Silvia Borda, y Mg. Ab. Diego Méndez Macías, investigadores; Lic. Paola Marozzi Mo, Ing. Gabriel Seghezzo, y Ab. Jorge Tejerina, apoyo técnico de Fundapaz; y los alumnos Jorgelina Muller, Sonia Valeria Jimenez, Araceli Germán y Nicole Debenau.
“Nos parece un documento único en esta línea de pensar hacia adelante algunas acciones políticas y jurídicas”, señaló Gabriel Seghezzo al referirse a la importancia del documento.

Conclusiones

Entre las principales conclusiones arribadas en la investigación se destaca la necesidad de profundizar la concientización y sensibilización en relación al derecho humano al agua segura, tarea que pueden realizar las universidades en distintos niveles; incorporar a las organizaciones criollas y a las de las comunidades indígenas a las diferentes Mesas de Agua de cada provincia; realizar reclamos administrativos ante las autoridades competentes pertinentes; promover acciones judiciales en Tribunales provinciales y/o federales por vía del Amparo Judicial; y recurrir por vía judicial ante la justicia provincial y/o federal por la falta de cumplimiento del derecho constitucional al agua potable; y hacer un monitoreo y seguimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El informe se publicará completo en la Revista Iberoamericana de Derecho Ambiental y recursos naturales, N° 36 dirigida por el Dr. Dino Bellorio Clabot. Allí podrán leerse las conclusiones y las recomendaciones.

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